LUCHA
CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL (III)
En el conjunto de
la UE España
TABLA 14[2]
Países
|
Población (millones)
|
Superficie (Km2)
|
Densidad (hab/ Km2)
|
España
|
46,4
|
504.645
|
91,9
|
Francia
|
64,6
|
551.695
|
117
|
Alemania
|
82.7
|
357.021
|
231,6
|
Italia
|
61
|
301.336
|
202,4
|
Reino Unido
|
63,5
|
242.900
|
261,4
|
En mi opinión la
errónea política de concentración industrial que propició la monarquía por lo
menos desde el siglo XIX y que posteriormente continuó favoreciendo el General
Franco, produciendo grandes movimientos migratorios hacia esas concentraciones,
la falta de políticas que ayudaran a fijar la población de las zonas rurales a
base de medidas que aseguraran una más justa distribución de los beneficios de
la comercialización de su producción agrícola y ganadera y que evitaran los
exagerados desequilibrios que se iban produciendo en las comunicaciones y en la
distribución del tejido industrial, debían de haberse intentado corregir a
partir de 1980, con la democracia ya al final del rodaje. Para ello la nueva
Constitución de 1979, en principio,
ofrecía un nuevo marco político que, por un lado iba a desembocar en la integración
a la Comunidad Económica
Respecto a la UE , la Federación de Española
de Municipios y Provincias (FEMP), en un documento de acción redactado, quizás
un poco tarde, por su comisión de despoblación en el año 2017, decía que el
problema de la despoblación exigía “un
sólido acuerdo de Estado contra la despoblación que debería armonizarse con una
estratégica europea específica frente a los retos demográficos. En ese sentido,
cabe recordar que el Acuerdo de Asociación para los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos 2014-2020 ya incluía una referencia al Foro de Regiones
Españolas con Desafíos Demográficos”[4].
Un instrumento político de armonización de la UE que se ha venido desarrollando desde hace un
tiempo es la Política Agraria
Tampoco la descentralización establecida por la Constitución ha
resultado una solución efectiva. Se esperaba que este sistema, además de
acercar al ciudadano la acción política mediante las competencias transferidas
a los gobiernos autonómicos y locales, se iba a lograr un encaje equilibrado de
territorios heterogéneos en muchos aspectos, en el marco de ese ideal
federalismo cooperativo al que se debía haber parecido nuestro sistema
autonómico. La realidad ha resultado ser otra, las tensiones centrífugas
provenientes de unas regiones más que de otras sobre todo, pero también la
falta de comprensión del verdadero significado de la cooperación y de la
compartición de competencias, y la falta de responsabilidad del gobierno de la
nación al transferir completamente algunas competencias que, por ser
integradoras y vertebradoras de una nación, debería haber controlado más, han
hecho derivar el sistema hacia un federalismo asimétrico plagado de
desigualdades, deslealtades e incomprensiones. En definitiva, no se hicieron
bien las debidas tres listas de competencias de un sistema medianamente
cooperativo: las competencias centralizadas, las descentralizadas y las
compartidas. Se ha llegado a un sistema de federalismo no sólo asimétrico, se
ha alcanzado un sistema de mercadeo de competencias por increíbles y
rocambolescos apoyos parlamentarios. Como consecuencia, en gran medida se ha
perdido el reconfortante diálogo entre estructuras de gobierno en el sentido
vertical y en el horizontal (entre gobiernos autonómicos) y la búsqueda de la
convergencia, la cooperación y la solidaridad entre administraciones. En
especial todo esto afecta a la política de ordenación territorial,
completamente transferida, que debería ser sinónimo de cohesión a pesar de
todo, y que tiene una influencia definitiva en los problemas de las zonas rurales,
los servicios públicos y sus expectativas de futuro.
Como podemos ver
estamos en una triste situación, sin atisbos de mejoría porque no hay nada
nuevo bajo el sol, por lo oído en la última de las frecuentes campañas
electorales (10 N de 2019) con las que nos entretienen. Bajo el sol de
justicia, en ese gran espacio con las pulsaciones lentas al que Sergio del
Molino llama España Vacía, las palabras vacuas y hasta ignorantes de nuestros
políticos se diluyen, porque en realidad ni les interesa, ni saben de qué va.
Los urbanitas salen de la ciudad al campo a disfrutar de los paisajes y la
comida, a asombrarse de la extraña vida que se lleva en esos lugares, con
costumbres tan distintas. Algunos, pocos, aparecen por allí con ideas y una
cierta voluntad de ayudar pero, de los pocos menos son los que se quedan para
compartir y cooperar en esos lugares tan necesitados de vida nueva. Pero claro,
es que esos políticos que tanto beneficio sacan de los pocos votos de la España Vacía , gracias
a la magia de la Ley Electoral ,
hecha a medida de la vieja UCD y bien aprovechada luego por PP y PSOE, pronto
se enfrascan en su encasillada, urbana y aburrida (por lo aburridos que estamos
los ciudadanos) vida política y se olvidan de dedicar parte de su tiempo de
gestión a lograr el establecimiento de los servicios e infraestructuras
esenciales que permitieran revitalizar esas zonas tan injustamente tratadas.
No se trata de
convencer a la gente de los pueblos para que no los abandone, cada uno es muy
libre de hacer lo que quiera con su vida. Por el contrario, se trata de llevar
a cabo las medidas políticas necesarias para que, con racionalidad y
eficiencia, se logren las condiciones adecuadas para que sea posible
desarrollar proyectos de vida al margen de las grandes poblaciones. Se trata de
facilitar el ejercicio de la libertad para elegir el tipo de vida que cada uno
quiera llevar, pero claro sin necesidad de llegar a heroicidades ni
estoicismos, por otra parte muy loables.
Así que,
llegados a este punto, con toda prudencia y con ciertas dudas, voy a enumerar
las acciones políticas que creo que hay que emprender con decisión y con idea
de durabilidad, para mejorar la situación poblacional de las zonas rurales
españolas afectadas por los fenómenos demográficos que he expuesto.
Para empezar
tengo que confesar que desconfío de las administraciones autonómicas, en lo que
se refiere a este tema, bueno en otros también, pero no viene al caso. Hasta
ahora el resultado de la política de ordenación territorial de las Autonomías
no ha sido bueno en lo que se refiere a la lucha contra la despoblación. Para
mi el nivel administrativo que debería llevar el peso de la aplicación de las
políticas contra la despoblación debería de ser el de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. Primero porque hay Autonomías muy
extensas, con Provincias de características muy diferentes y necesidades muy
distintas que no son siempre bien captadas y valoradas desde los gobiernos
autonómicos, afectados casi todos ellos de neo-centralismo. Segundo porque en
las Diputaciones están representados de manera más directa los pueblos y
comarcas de la provincia, por lo que la sensibilidad sobre esta materia es
mucho mayor. Y en todo caso siempre es más fácil corregir alguna deficiencia de
representación en ese nivel administrativo que no está tan afectado por la
correspondiente Ley Electoral Autonómica y la disciplina de Partido.
A nivel estatal
existe la Federación Estatalla
UE dirigida a la ejecución de las políticas concretas contra
la despoblación en las diferentes Provincias. En este órgano las Provincias
podrían presentar los estudios y presupuestos correspondientes a las diferentes
áreas funcionales y la definición de las zonas en las que se ha de intervenir
con unas prioridades definidas. Se trataría de sustraer el control de esta
política pública a las Autonomías porque ya han demostrado su ineficacia y no
estamos en condiciones de perder más tiempo intentando reconducir su fracaso.
Hay que ser valiente y decidido, hay que intentar otro camino que, por ser más
próximo al terreno de que se trata y más sensible con su situación y
necesidades, puede llevar de una forma más eficiente a la meta que perseguimos:
parar la despoblación y recuperar aquellos pueblos y comarcas que aún tienen
posibilidades de tener y dar vida.
Habrá quien diga
que para elucubrar y discutir sobre estos temas territoriales están los
Parlamentos Autonómicos y el Senado. Y
yo les respondo que tuvieron su tiempo y se les pasó, entretenidos en otras
cosas, sin duda importantes, pero otras, dejando de lado esta cuestión tan
importante y decisiva para un futuro más libre y justo de nuestra sociedad. Los
parlamentarios de los Parlamentos Autonómicos, en la mayoría de los casos, no
representan realmente a la circunscripción por la que han salido electos, están
sometidos a la disciplina de partido y normalmente los partidos no se juegan
nada en esas zonas deprimidas, excepto en épocas de campaña electoral, después
las promesas se diluyen.
Respecto al
Senado, la Constitución
en su Artículo 69 establece que “El
Senado es la cámara de representación territorial”. Determina así mismo que
por cada provincia se elegirán cuatro senadores, tres en el caso de las islas
mayores de los Cabildos o Consejos Insulares y uno más por cada una de las
islas o agrupaciones menores (Ibiza-Formentera, Menoría, Fuerteventura, Hierro,
Gomera, Lanzarote y La Palma ),
además uno por Ceuta y otro por Melilla, todos ellos por sufragio universal.
Por designación de la Asamblea Legislativa
En realidad la
verdadera representación territorial ha descansado en el Congreso de los
Diputados gracias a la
Ley Electoral , de la que no voy a tratar aquí porque no es el
tema y además ocuparía mucho espacio por lo prolijo de la discusión sobre ella.
El hecho concreto es que, como consecuencia de las circunscripciones
electorales definidas, del número de diputados por circunscripción, la fórmula
electoral y los restos, hemos logrado que el Congreso de los Diputados, en
lugar de ser la cámara de representación de los ciudadanos soberanos, haya
asumido además la función de cámara de representación territorial,
usurpándosela al inoperante Senado. Así se oyen expresiones como Grupo Catalán
o Grupo Vasco, cuando en realidad son Diputados de un partido nacionalista de
una u otra región que tampoco demuestran interés por el problema que nos atañe
aquí, sino mas bien por los intereses de unas elites de muy dudoso proceder. Y
así se puede observar cómo ha habido legislaturas en las que un partido de
ámbito nacional con 969.946 votos obtuvo 2 diputados, cuando un partido de
ámbito regional con 779.425 consiguió 10 diputados. Por eso las
reivindicaciones territoriales se han concentrado en el Congreso, pero a pesar
de eso en esa cámara tampoco se han dado soluciones efectivas a la
despoblación. Entre otros motivos porque la ventaja que le concede la Ley electoral a las provincias
más despobladas, no se traduce en una mayor representación de las zonas
rurales, ya que en realidad los votantes se concentran en gran proporción en la
capital de la provincia (por ejemplo en Zaragoza capital vive el 70 % de la
población de la provincia). Es decir que los partidos dependen del voto urbano
de la ciudad donde están los órganos administrativos y las sedes de los
partidos.
Por todo esto me
decanto por soslayar las vías más o menos representativas hasta ahora
utilizadas y utilizar las Diputaciones Provinciales y administraciones de
similar nivel y los Consejos Comarcales para aplicar las políticas de la lucha contra la despoblación rural. Contando con la FEMP como organismo para la coordinación de dichas políticas y la distribución de la financiación
estatal y de la UE.
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