miércoles, 11 de diciembre de 2019

NOTICIAS DESDE NAVADIJOS

UNAS CUANTAS IMÁGENES DE ESTOS ÚLTIMOS DÍAS. 

DE VEZ EN CUANDO IREMOS COLGANDO IMÁGENES Y NOTICIAS DE NUESTRA GANADERÍA Y DEL PUEBLO. ASÍ LOS QUE SINTÁIS AÑORANZA NOS TENDRÉIS MÁS CERCA.

 


 IVAN

sábado, 30 de noviembre de 2019

DESPOBLACIÓN, ENVEJECIMIENTO Y MIGRACIÓN (II / II)

A pesar de todo lo escrito hasta ahora, pienso que hay que evitar el excesivo alarmismo y huir de planteamientos que tengan un trasfondo político interesado y un inadecuado determinismo. Como escribió el profesor titular de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid, en su Análisis del Envejecimiento Demográfico, D. Julio Vinuesa Angulo: “….la prospectiva no debe imaginar el futuro como una línea única y predeterminada que prolonga el pasado. Por el contrario, ha de esforzarse en mirar hacia el futuro en su condición de múltiple e indeterminado. Al hacer valoraciones demográficas, sin embargo, es frecuente centrarse en las previsiones exclusivamente cuantitativas que resultan de la extrapolación de tendencias; por tanto, con un excesivo carácter determinista”.

Para valorar las consecuencias futuras de un proceso demográfico, sobre todo a largo plazo, hay que tener en cuenta que en el futuro el contexto socio-político y cultural seguramente será muy diferente al que ahora vivimos en muchos sentidos. Hay que considerar que se producirá la incorporación de un mayor número de mujeres al mercado de trabajo, que probablemente sea necesaria una mayor cualificación de la mano de obra, que la robotización habrá alcanzado cotas que no imaginamos, que posiblemente se haya alcanzado una mayor eficiencia de los sistemas productivos, etc.

Evidentemente el envejecimiento de la población es debido a una mayor y mejor asistencia sanitaria y seguramente en el futuro se producirá aún un mayor gasto sanitario, pero probablemente se dedique a una mayor calidad y eficiencia de la atención, por lo que se podrá atender a una mayor población longeva con un menor gasto relativo. Tampoco sabemos como se producirán los cambios en lo que a dependencia senil de refiere, seguramente la atención a los dependientes se hará mediante una combinación de actores públicos, de entidades privadas y de la familia. Lo único que está claro es que ya hay que mover ficha para tomar conciencia del futuro e ir preparando las transiciones adecuadas.

Fiar una buena parte de la corrección de la situación demográfica futura a la inmigración es un error, desde mi punto de vista. La influencia de los movimientos migratorios del futuro es tan incierta como difícilmente previsibles son éstos. Porque es difícil saber en estos momentos cómo será la situación de los países actualmente emisores, cuál será la de los países receptores y cómo se comportarán éstos ante los flujos migratorios dentro de 30, 40 o 50 años. Parece claro que las migraciones seguirán produciéndose en tanto las desigualdades y desequilibrios entre países ricos y pobres sigan estando presentes al nivel que lo están hoy día, sin que ningún nuevo elemento altere la situación. Pero hay que considerar que la intervención de adelantos en telecomunicaciones, en la robotización y en los transportes, sin duda alguna, alterarán la distribución espacial de los factores de producción y quizás de la riqueza, por lo que lógicamente los movimientos migratorios podrían cambiar, pero ¿en que sentido? Y ¿hasta que grado?

En palabras del profesor D. Julio Vinuesa Angulo: “Al hacer prospectiva, es una buena actitud aprender del pasado que el tiempo, con su capacidad de sorprender, invalidará muchos de los razonamientos que se hacen hoy sobre el futuro”.

Un informe del Departamento de Población de Naciones Unidas del año 2000[1] señalaba de manera bastante alarmista lo siguiente:

“…. el diagnóstico viene a ser el siguiente: si se mantienen las pautas de comportamiento demográfico actuales, España tendrá en 2050 nueve millones y medio de habitantes menos que ahora, pero el problema se agudiza en los cambios que habrán de producirse en la estructura de la pirámide y, concretamente, en la relación numérica existente entre la población en edad de trabajar y la que ya ha cumplido los 65 años (edad teórica de jubilación). En la actualidad (año 2000) hay más de cuatro personas en edad activa por cada jubilado y, según los cálculos de Naciones Unidas, dentro de cincuenta años sólo habrá 1,4[2]. Eso es lo que hará la situación insostenible, ya que las generaciones en edad de trabajar, mermadas por decenios de baja fecundidad, no podrán sostener económicamente a los jubilados, y para mantener el actual equilibrio de aquí a 2050 serán necesarios un total de doce millones de inmigrantes, en dosis anuales de unos 240.000”

Creo que el futuro es incierto ya que pueden variar mucho las circunstancias globales que afecten a la evolución de nuestra demografía, por eso no puedo estar de acuerdo con el negro augurio del Departamento de Población de UN. Porque, aunque pienso que la situación actual no es nada adecuada para asegurar un relevo generacional suficiente, ni para sostener en el futuro nuestro estado de bienestar; creo que aún estamos a tiempo de cambiar, por si acaso el futuro no se porta bien, algunas actitudes culturales y políticas para intentar paliar los efectos de esta sequía demográfica; y por otro lado no tengo porque pensar que el futuro no nos vaya a sorprender y al cabo de 40 o 50 años casi nada sea parecido a lo que suponemos y esperamos. No obstante, mucho deberá de renovarse la sociedad en el futuro, superando el excesivo individualismo, la cultura del máximo confort, del mínimo esfuerzo y de la subvención inmerecida, para decididamente apostar por la extensión y calidad de la formación, por la eficiencia de los medios de telecomunicación, de transporte, de producción y de los servicios, por las medidas para la superación de los injustos desequilibrios sociales y por el decidido apoyo a la familia como primera célula social que, además de educar y aportar ciudadanos a la sociedad, contribuye junto a otros actores sociales al cuidado de los dependientes pequeños y mayores.

Es el momento de dejar de “no hacer política demográfica”, de dejar de lado prejuicios ideológicos trasnochados, de abandonar el seguidismo de mentalidades egoístas y aburridamente individualistas, para prestar atención a un gran problema que consiste simplemente en que:

“España, que resulta ser el menos poblado de entre los países «grandes» de la Unión Europea …….. Las causas inmediatas de este hecho son inequívocas: nacen cada vez menos niños y aumenta el número de fallecimientos”[3].

No todo se puede confiar al bondadoso y generoso “futuro” y a la inmigración.

LUIS BAILE



[1] Replacement Migration: Is it A Solutionto Declining and Ageing Populations? Naciones Unidas, Nueva York, 2000. http://www.un.org/esa/population/unpop.htm. 
[2] Actualmente nuestra PET/PD (población dependiente) es de 2,45 activos por persona dependiente.
[3] Julio Vinuesa Angulo.https://www.revistadelibros.com/articulo_imprimible.php?art=3602&t=articulos

miércoles, 27 de noviembre de 2019

DESPOBLACIÓN, ENVEJECIMIENTO Y MIGRACIÓN I / II

La disminución y el envejecimiento de la población tienen consecuencias en muchos aspectos. Uno de ellos es la despoblación de extensas zonas de nuestro país, como puso de manifiesto el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza D. Francisco Burillo Mozota, en su comparecencia ante la Comisión Especial del Senado sobre la evolución demográfica en España (12 junio 2017)[1]. El señor Burillo mencionó en dicha comisión las causas de la despoblación: las deficientes infraestructuras de carreteras, ferrocarril y comunicaciones e Internet, la orografía, el clima, la lejanía a los centros donde se concentran los servicios, la falta de inversiones en proyectos de desarrollo sostenible y en investigación de desarrollo rural, etc. Pero la despoblación no se queda en un mero hecho estadístico, como indicó el citado catedrático tiene graves consecuencias sobre el patrimonio inmaterial: desaparición de nuestras tradiciones y modos de vida, deterioro del medio ambiente, de la custodia del territorio y del patrimonio.

Otro efecto importante del envejecimiento de la población es el incremento de la tasa de dependencia[2] y de la dependencia senil[3]. Tampoco puedo dejar de señalar los efectos que se están produciendo en el sistema socio-sanitario y en el sistema público de pensiones.

Por otro lado el envejecimiento está íntimamente ligado al aumento de la longevidad, hecho que se puede considerar positivo, ya que gracias a la calidad de nuestra sanidad  no solo se ha prolongado la esperanza de vida, también se ha incrementado la calidad de vida de los mayores. Hoy día una persona de 65 normalmente está en buen estado de salud, de tal manera que puede ser conveniente revisar la política laboral en el sentido de flexibilizar los tiempos de la jubilación según las profesiones, y adaptar las condiciones laborales y salariales para los que deseen voluntariamente seguir activos. Estas opciones podrían aliviar algo al agobiado sistema actual de pensiones.

En cuanto a la influencia del envejecimiento de la población en el sistema de bienestar, pienso que no es determinante todavía, hay otros problemas estructurales, económicos y sociales que actualmente tienen mayor peso en el mantenimiento del sistema de bienestar. Aunque, si la tendencia de la composición demográfica no cambia, puede llegar a convertirse en el principal problema. Evidentemente los gastos en sanidad, dependencia, centros de atención, pensiones, etc. son mayores debido al envejecimiento actual, pero hay otros factores relativos a la economía, el mundo laboral, la globalización, la pobreza, etc. que hoy día influyen más decisivamente en nuestro estado del bienestar.

Algunos pueden pensar que haciendo incrementar la inmigración podemos solucionar nuestro problema demográfico. No es del todo cierto. El economista y profesor Albert Banal-Estañol de la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona indicó que “En España, los niveles de migración necesarios para el reemplazo de la población se hacen imposiblemente grandes y por ello las políticas sociales sobre natalidad son más una necesidad que una opción[4]. Las cifras actuales (2017) de movimientos migratorios arrojan un balance positivo de 164.604 personas, con una inmigración de 532.482 procedente del extranjero y una emigración 367.878 con destino al extranjero[5] (datos a 1 de enero de 2018), alcanzando la cifra provisional de 4.572.055[6] inmigrantes, que supone el casi el 9,8 de la población total. La emigración de españoles al extranjero ese mismo año tuvo un saldo negativo de -9.627[7], que supone una mejoría respecto a años anteriores, pero la salida total de población española, sobre todo jóvenes bien preparados, aun constituye una pérdida que se tardará en recuperar. No obstante estos movimientos migratorios al extranjero, por un lado son muy dependientes de la coyuntura económica global, y por otro tienen su lado positivo ya que cuando esa juventud regresa al cabo de los años lo hace en su mayoría con una mayor formación y experiencia y con una red de relaciones muy aprovechable.

Como se verá más adelante, estas cifras de migración, de mantenerse, suponen una solución, aunque tímida, para el nivel de reposición poblacional necesario, y para mantener un sistema de pensiones adecuado, siempre y cuando la oferta de trabajos de los empresarios sea suficiente y el índice de fecundidad recupere por lo menos las cifras de los años 80 del siglo pasado. Lo cual me posicionaría parcialmente en contra de la pesimista postura del profesor Albert Banal-Estañol anteriormente mencionado. La evolución prevista, teniendo en cuenta un escenario central, supone un saldo positivo migratorio de 56.510 en el año 2030 y 80.449 en el año 2065, los escenarios de baja natalidad y alta migración en el año 2030[8] harían que la población residente en España se encontrara entre los 45.577.324 y los 46.223.786 habitantes, pero más envejecida si, como he mencionado antes, no se corrige además el problema de la baja fecundidad.

Ahora bien, si la inmigración alcanzara los índices necesarios para cambiar las tendencias demográficas, en 50 o 60 años se podría dar el hecho de que las futuras generaciones de españoles deberían convivir con costumbres y formas de vida propias de culturas cuya integración en nuestra sociedad es más difícil, cuando no rechazada. No obstante esto puede ser una de las consecuencias ineludibles de la globalización, como menciona D. Juan Antonio Fernández Cordón, Doctor en Ciencias Económicas y Experto-Demógrafo por la Universidad de París, en su artículo del 4 de julio de 2018 en la revista digital “Economistas frente a la crisis”[9].

Los aspectos demográficos mencionados hasta ahora no nos deben conducir al desánimo. Se puede ser moderadamente optimista si sabemos dar los valores adecuados a las variables que tienen mayor influencia en nuestro problema demográfico. Y, como trataré de explicar más adelante, eso supone diseñar un conjunto coherente de políticas públicas, con visión a largo plazo que, superando las lógicas diferencias entre partidos políticos, logre la aplicación coordinada y continuada de esas políticas públicas. Todos los líderes políticos tienen el deber de mirar al futuro a largo plazo y, con la información adecuada, con generosidad y lealtad al pueblo, lograr un gran pacto de Estado que movilice los recursos necesarios para alcanzar el objetivo, si no de revertir la situación que creo ya tarea imposible, si de corregir la tendencia de los indicadores demográficos, evitando un mayor envejecimiento y el incremento de la despoblación. 

LUIS BAILE



[2] “RAZÓN DE DEPENDENCIA (por edad), Llamado también índice de dependencia. La razón entre las personas que por su edad se definen como dependientes (menores de 15 años y mayores de 64) y la que se definen como económicamente productivas (15 a 64 años) dentro de una población.” http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0944/glosario.pdf
[3] “RAZÓN DE DEPENDENCIA SENIL, Llamado también índice de dependencia senil. La razón entre las personas que por su edad se definen como dependientes por su condición Senil (mayores de 64) y la que se definen como económicamente productivas (15 a 64 años) dentro de una población.” http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0944/glosario.pdf
[4] https://reportajes.lavanguardia.com/cuanto-cuesta-tener-un-hijo/espana-pais-hijos/
[9]La inmigración ha compensado el déficit de nacimientos: la población ha seguido aumentando hasta la irrupción de la crisis económica y el indicador de envejecimiento demográfico se sitúa todavía por debajo de la media europea. En el contexto actual, de inmigración abundante, no existe ninguna razón para que, si se genera una demanda de trabajo suficiente por parte de las empresas, no aumente el número de ocupados y no crezca el PIB. La inmigración, que, por supuesto, debe ser regulada, es una realidad a la que no pueden escapar los países europeos, y entre ellos España, porque representa una forma de globalización de los determinantes de la población mundial y la única respuesta a corto plazo a las políticas que han conducido a niveles muy bajos de fecundidad.” (https://economistasfrentealacrisis.com/natalidad-cual-es-el-problema//)

sábado, 23 de noviembre de 2019

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL (III)

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL (III)

En el conjunto de la UE España cuenta con una densidad de población comparativamente muy baja y, en referencia a las NUTS III[1] (Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticas), en términos absolutos las unidades que habían perdido población entre 1950 y el 2000 suponían el 53 % del total del territorio español. Y por acercar temporalmente los datos, en 2018, según el INE, 36 provincias habían perdido población, sobre todo en áreas rurales.

TABLA 14[2]
Países
Población (millones)
Superficie (Km2)
Densidad (hab/ Km2)
España
46,4
504.645
91,9
Francia
64,6
551.695
117
Alemania
82.7
357.021
231,6
Italia
61
301.336
202,4
Reino Unido
63,5
242.900
261,4

En mi opinión la errónea política de concentración industrial que propició la monarquía por lo menos desde el siglo XIX y que posteriormente continuó favoreciendo el General Franco, produciendo grandes movimientos migratorios hacia esas concentraciones, la falta de políticas que ayudaran a fijar la población de las zonas rurales a base de medidas que aseguraran una más justa distribución de los beneficios de la comercialización de su producción agrícola y ganadera y que evitaran los exagerados desequilibrios que se iban produciendo en las comunicaciones y en la distribución del tejido industrial, debían de haberse intentado corregir a partir de 1980, con la democracia ya al final del rodaje. Para ello la nueva Constitución  de 1979, en principio, ofrecía un nuevo marco político que, por un lado iba a desembocar en la integración a la Comunidad Económica Europea (CEE), posteriormente Comunidad Europea (ya no sólo económica) y por fin UE desde el Tratado de Maastricht que entró en vigor el 2 de Noviembre de 1993[3] y, por otra parte, abría la vía hacia una descentralización política que, por la distribución de competencias y presupuestos, se iba a semejar a un sistema de federalismo cooperativo.

Respecto a la UE, la Federación de Española de Municipios y Provincias (FEMP), en un documento de acción redactado, quizás un poco tarde, por su comisión de despoblación en el año 2017, decía que el problema de la despoblación exigía “un sólido acuerdo de Estado contra la despoblación que debería armonizarse con una estratégica europea específica frente a los retos demográficos. En ese sentido, cabe recordar que el Acuerdo de Asociación para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 ya incluía una referencia al Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos[4]. Un instrumento político de armonización de la UE que se ha venido desarrollando desde hace un tiempo es la Política Agraria Común (PAC) pero, por el estado de la situación demográfica de buena parte de nuestro campo, parece que las ayudas recibidas mediante ese instrumento se han distribuido para favorecer más a grandes productores establecidos en zonas rurales que no se pueden considerar en situación de riesgo, que a favorecer la lucha contra la despoblación en las zonas rurales profundas y estancadas.

 Tampoco la descentralización establecida por la Constitución ha resultado una solución efectiva. Se esperaba que este sistema, además de acercar al ciudadano la acción política mediante las competencias transferidas a los gobiernos autonómicos y locales, se iba a lograr un encaje equilibrado de territorios heterogéneos en muchos aspectos, en el marco de ese ideal federalismo cooperativo al que se debía haber parecido nuestro sistema autonómico. La realidad ha resultado ser otra, las tensiones centrífugas provenientes de unas regiones más que de otras sobre todo, pero también la falta de comprensión del verdadero significado de la cooperación y de la compartición de competencias, y la falta de responsabilidad del gobierno de la nación al transferir completamente algunas competencias que, por ser integradoras y vertebradoras de una nación, debería haber controlado más, han hecho derivar el sistema hacia un federalismo asimétrico plagado de desigualdades, deslealtades e incomprensiones. En definitiva, no se hicieron bien las debidas tres listas de competencias de un sistema medianamente cooperativo: las competencias centralizadas, las descentralizadas y las compartidas. Se ha llegado a un sistema de federalismo no sólo asimétrico, se ha alcanzado un sistema de mercadeo de competencias por increíbles y rocambolescos apoyos parlamentarios. Como consecuencia, en gran medida se ha perdido el reconfortante diálogo entre estructuras de gobierno en el sentido vertical y en el horizontal (entre gobiernos autonómicos) y la búsqueda de la convergencia, la cooperación y la solidaridad entre administraciones. En especial todo esto afecta a la política de ordenación territorial, completamente transferida, que debería ser sinónimo de cohesión a pesar de todo, y que tiene una influencia definitiva en los problemas de las zonas rurales, los servicios públicos y sus expectativas de futuro.

Como podemos ver estamos en una triste situación, sin atisbos de mejoría porque no hay nada nuevo bajo el sol, por lo oído en la última de las frecuentes campañas electorales (10 N de 2019) con las que nos entretienen. Bajo el sol de justicia, en ese gran espacio con las pulsaciones lentas al que Sergio del Molino llama España Vacía, las palabras vacuas y hasta ignorantes de nuestros políticos se diluyen, porque en realidad ni les interesa, ni saben de qué va. Los urbanitas salen de la ciudad al campo a disfrutar de los paisajes y la comida, a asombrarse de la extraña vida que se lleva en esos lugares, con costumbres tan distintas. Algunos, pocos, aparecen por allí con ideas y una cierta voluntad de ayudar pero, de los pocos menos son los que se quedan para compartir y cooperar en esos lugares tan necesitados de vida nueva. Pero claro, es que esos políticos que tanto beneficio sacan de los pocos votos de la España Vacía, gracias a la magia de la Ley Electoral, hecha a medida de la vieja UCD y bien aprovechada luego por PP y PSOE, pronto se enfrascan en su encasillada, urbana y aburrida (por lo aburridos que estamos los ciudadanos) vida política y se olvidan de dedicar parte de su tiempo de gestión a lograr el establecimiento de los servicios e infraestructuras esenciales que permitieran revitalizar esas zonas tan injustamente tratadas.

No se trata de convencer a la gente de los pueblos para que no los abandone, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera con su vida. Por el contrario, se trata de llevar a cabo las medidas políticas necesarias para que, con racionalidad y eficiencia, se logren las condiciones adecuadas para que sea posible desarrollar proyectos de vida al margen de las grandes poblaciones. Se trata de facilitar el ejercicio de la libertad para elegir el tipo de vida que cada uno quiera llevar, pero claro sin necesidad de llegar a heroicidades ni estoicismos, por otra parte muy loables.

Así que, llegados a este punto, con toda prudencia y con ciertas dudas, voy a enumerar las acciones políticas que creo que hay que emprender con decisión y con idea de durabilidad, para mejorar la situación poblacional de las zonas rurales españolas afectadas por los fenómenos demográficos que he expuesto.

Para empezar tengo que confesar que desconfío de las administraciones autonómicas, en lo que se refiere a este tema, bueno en otros también, pero no viene al caso. Hasta ahora el resultado de la política de ordenación territorial de las Autonomías no ha sido bueno en lo que se refiere a la lucha contra la despoblación. Para mi el nivel administrativo que debería llevar el peso de la aplicación de las políticas contra la despoblación debería de ser el de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. Primero porque hay Autonomías muy extensas, con Provincias de características muy diferentes y necesidades muy distintas que no son siempre bien captadas y valoradas desde los gobiernos autonómicos, afectados casi todos ellos de neo-centralismo. Segundo porque en las Diputaciones están representados de manera más directa los pueblos y comarcas de la provincia, por lo que la sensibilidad sobre esta materia es mucho mayor. Y en todo caso siempre es más fácil corregir alguna deficiencia de representación en ese nivel administrativo que no está tan afectado por la correspondiente Ley Electoral Autonómica y la disciplina de Partido.

A nivel estatal existe la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) que, en mi opinión, podría ser el puente que regulara la financiación estatal o de la UE dirigida a la ejecución de las políticas concretas contra la despoblación en las diferentes Provincias. En este órgano las Provincias podrían presentar los estudios y presupuestos correspondientes a las diferentes áreas funcionales y la definición de las zonas en las que se ha de intervenir con unas prioridades definidas. Se trataría de sustraer el control de esta política pública a las Autonomías porque ya han demostrado su ineficacia y no estamos en condiciones de perder más tiempo intentando reconducir su fracaso. Hay que ser valiente y decidido, hay que intentar otro camino que, por ser más próximo al terreno de que se trata y más sensible con su situación y necesidades, puede llevar de una forma más eficiente a la meta que perseguimos: parar la despoblación y recuperar aquellos pueblos y comarcas que aún tienen posibilidades de tener y dar vida.

Habrá quien diga que para elucubrar y discutir sobre estos temas territoriales están los Parlamentos Autonómicos y  el Senado. Y yo les respondo que tuvieron su tiempo y se les pasó, entretenidos en otras cosas, sin duda importantes, pero otras, dejando de lado esta cuestión tan importante y decisiva para un futuro más libre y justo de nuestra sociedad. Los parlamentarios de los Parlamentos Autonómicos, en la mayoría de los casos, no representan realmente a la circunscripción por la que han salido electos, están sometidos a la disciplina de partido y normalmente los partidos no se juegan nada en esas zonas deprimidas, excepto en épocas de campaña electoral, después las promesas se diluyen.

Respecto al Senado, la Constitución en su Artículo 69 establece que “El Senado es la cámara de representación territorial”. Determina así mismo que por cada provincia se elegirán cuatro senadores, tres en el caso de las islas mayores de los Cabildos o Consejos Insulares y uno más por cada una de las islas o agrupaciones menores (Ibiza-Formentera, Menoría, Fuerteventura, Hierro, Gomera, Lanzarote y La Palma), además uno por Ceuta y otro por Melilla, todos ellos por sufragio universal. Por designación de la Asamblea Legislativa de cada Comunidad Autónoma se nombra un Senador y otro más por cada millón de habitantes del territorio de esa Comunidad. Pero el Senado, a pesar de ser “la cámara de representación territorial” y contar con un respetable número de Senadores (266), no ha obtenido ningún éxito en políticas contra la despoblación y recuperación de las áreas rurales más amenazadas.

En realidad la verdadera representación territorial ha descansado en el Congreso de los Diputados gracias a la Ley Electoral, de la que no voy a tratar aquí porque no es el tema y además ocuparía mucho espacio por lo prolijo de la discusión sobre ella. El hecho concreto es que, como consecuencia de las circunscripciones electorales definidas, del número de diputados por circunscripción, la fórmula electoral y los restos, hemos logrado que el Congreso de los Diputados, en lugar de ser la cámara de representación de los ciudadanos soberanos, haya asumido además la función de cámara de representación territorial, usurpándosela al inoperante Senado. Así se oyen expresiones como Grupo Catalán o Grupo Vasco, cuando en realidad son Diputados de un partido nacionalista de una u otra región que tampoco demuestran interés por el problema que nos atañe aquí, sino mas bien por los intereses de unas elites de muy dudoso proceder. Y así se puede observar cómo ha habido legislaturas en las que un partido de ámbito nacional con 969.946 votos obtuvo 2 diputados, cuando un partido de ámbito regional con 779.425 consiguió 10 diputados. Por eso las reivindicaciones territoriales se han concentrado en el Congreso, pero a pesar de eso en esa cámara tampoco se han dado soluciones efectivas a la despoblación. Entre otros motivos porque la ventaja que le concede la Ley electoral a las provincias más despobladas, no se traduce en una mayor representación de las zonas rurales, ya que en realidad los votantes se concentran en gran proporción en la capital de la provincia (por ejemplo en Zaragoza capital vive el 70 % de la población de la provincia). Es decir que los partidos dependen del voto urbano de la ciudad donde están los órganos administrativos y las sedes de los partidos.

Por todo esto me decanto por soslayar las vías más o menos representativas hasta ahora utilizadas y utilizar las Diputaciones Provinciales y administraciones de similar nivel y los Consejos Comarcales para aplicar las políticas de la lucha contra la despoblación rural. Contando con la FEMP como organismo para la coordinación de dichas políticas y la distribución de la financiación estatal y de la UE.

LUIS BAILE



[1] http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_3.1.6.pdf
[2] Del Molino, Sergio.